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Demanda migrante a autoridades estadounidenses por la muerte de su hija

30 agosto 2018 por AFP

Yazmín Juárez, una solicitante de asilo de origen guatemalteca, demandará a autoridades estadounidenses por el delito de “homicidio por negligencia”, tras la muerte de su hija de 19 meses, quien enfermó cuando se encontraba en un centro de detención migratoria.

Juárez, de 20 años, cruzó en marzo el Río Grande con su hija Mariee para pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, ambas fueron retenidas durante 20 días en Dilley, al sur de Texas.

Según la notificación de demanda, la menor enfermó a una semana de su detención. Presentó 40°C de fiebre, tos, congestión, diarrea y vómitos. Falleció seis semanas después.

“Los que eran responsables de proveerle seguridad, condiciones sanitarias y cuidado médico le fallaron a esta pequeña y le causaron una muerte dolorosa”, dijo el abogado R. Stanton Jones, miembro de la firma legal Arnold & Porter.

“Mariee Juárez entró a Diley como una bebé saludable y 20 días después fue liberada como una niña gravemente enferma con una infección respiratoria que amenazaba su vida”, agregó el defensor.

La notificación de demanda, paso previo a la demanda judicial, fue enviada a la ciudad de Eloy, Arizona, que funciona como intermediario entre el gobierno federal y la firma privada que opera el centro en Diley del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta firma, Core Civic (CCA), es,  junto a GEO Group, una de las dos mayores corporaciones de prisiones en Estados Unidos. Ambas cotizan en la bolsa y manejan cada una más de 120 centros en todo el país.

Los abogados que llevan el caso de Mariee señalaron que esta notificación de demanda contra Eloy es solo la primera de una serie que apuntarán a otras organizaciones como responsables del manejo de Diley.

Mientras la víctima estuvo enferma, Yazmín la estuvo llevando a hospitales en Nueva Jersey y Pensilvania. A pesar de los esfuerzos, los pulmones de la pequeña habían colapsado por una infección, añadió el abogado.

La firma Arnold & Porter exige el pago de una indemnización de 40 millones de dólares por parte de Eloy.

Como resultado de la política de “tolerancia cero” implementada este año por el gobierno del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha incrementado el número de arrestos tanto de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera Estados Unidos-México, como de quienes lo hacen pidiendo asilo. 

Más de 2 mil 300 niños han sido separados de sus padres. En respuesta a esto, se ha provocado una ola de críticas nacionales e internacionales que obligaron a Trump a detener esta práctica en pro de la reunificación familiar.

 

Imagen obtenida de: Arnold & Porter

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